Un artículo de Fernando Victoria de Lecea, presidente de PROFILM
Desde 2018, los profesionales de la producción especializados en el desarrollo de proyectos internacionales, hemos visto cómo nuestra norma de cabecera -el artículo 36.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades- ha ido sufriendo modificaciones que, en la mayoría de las ocasiones, podemos contar como mejoras para el crecimiento del sector.
Imagen: Fernando Victoria de Lecea
Merece la pena reflexionar sobre el hecho de que, sólo en aquellas ocasiones en las que no se contó con los profesionales para elaborarlas, las reformas se modificaron tiempo después. Así ocurrió con la modificación aprobada en 2018, que proponía la introducción de unos requisitos leoninos para acceder al incentivo fiscal y que afortunadamente se suprimieron a final de aquel mismo año tras un proceso de explicación por parte de los profesionales a nuestros responsables públicos.
Afortunadamente, cada vez más, esa colaboración público-privada se está manifestando en medidas que favorecen el desarrollo de la industria audiovisual, pero también al sector público en forma de incremento de ingresos por la vía de tributación impositiva, de cotizaciones a la Seguridad Social y de otro tipo de tasas, al igual que de relevancia internacional en el campo del sector turístico.
La última reforma tuvo lugar a finales del 2022 incrementando el límite de devolución para el cine
y los capítulos de las series. Se trataba de medidas que solicitamos desde PROFILM prácticamente
desde nuestra constitución en 2018. Sin embargo, el marco general de aplicación de esta norma, una vez que el legislador ha apostado por el sector, se ha quedado escaso; resulta cada vez más complejo y enmarañado y, por tanto, más inseguro, aplicar una normativa tan amplia que apenas se recoge en un sólo artículo de una norma que afecta a todos los sectores productivos del país.
Cada vez resulta más evidente la necesidad de disponer de una norma reglamentaria de desarrollo que concrete más determinados aspectos de la aplicación de la Ley para evitar situaciones de conflicto para generar seguridad en los productores españoles y confianza en los clientes internacionales que, ahora sí, ven como una opción atractiva trasladar sus rodajes, hacer su post-producción o trabajos o efectos visuales a España.
Cada vez es más necesario disponer de una norma reglamentaria de desarrollo que concrete más determinados aspectos de la aplicación de la Ley para evitar situaciones de conflicto
Con este propósito, esta semana, mantuvimos un encuentro con la Directora General de Tributos, Dña. María José Garde y la Subdirectora General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas, Dña. Natalia Jaquoto en la que pudimos trasladarles el documento que los socios de PROFILM, coordinados por Ismael González, socio del despacho Cuatrecasas, elaboramos recogiendo todas las dudas que nos han surgido a la hora de aplicar la última reforma acometida. Este documento, trasladado también al ICAA, pretende seguir la línea de colaboración mantenida desde nuestra constitución con los responsables públicos y generar un debate que permita converger los objetivos de la Hacienda Pública, del Spain Audiovisual Hub y de la industria.
Somos conscientes de la dificultad de reformar un sector que afecta a tantos Ministerios, entidades autonómicas e incluso locales, pero si se pretende de verdad generar una industria sostenible y de futuro para nuestro país, es imprescindible ponerse a trabajar y encajar todas las piezas de un puzzle que se han ido configurando en los últimos años y que, ojalá, en un futuro no muy lejano, seamos capaces de completar.
Para eso está PROFILM, para hacer de puente entre quienes desarrollan y enriquecen el ordenamiento jurídico y quienes lo aplican.
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